Peláez hizo un llamado a los candidatos que aspiran a la Presidencia a que manifiesten de manera firme su compromiso por el respeto del Estado Constitucional de Derecho. DETALLE
El fiscal expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) declare infundado el hábeas corpus presentado por la defensa del exdictador, pues no tienen sustento los cuestionamientos a los jueces que confirmaron la condena a Fujimori. “¿Qué cuestionamiento puede existir? No veo sustento a un cuestionamiento de una sala que ha sido conformada por magistrados de carrera que han emitido una sentencia que es confirmatoria de la sentencia expedida por el doctor San Martín. No existe ninguna causal, ninguna violación al debido proceso y, entonces, yo creo que eso va hacer una resolución del TC declarando infundado el pedido”, declaró.
La reedición de una Ley de Amnistía como la que permitió la liberación de los asesinos del Grupo Colina en 1995 es una posibilidad preocupante en un eventual gobierno de la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, afirmó el electo fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.
El fiscal recordó que la plancha presidencial Fujimorista está conformada por Jaime Yoshiyama y Rafael Rey, miembros del Congreso Constituyente, que aprobaron la Ley de Amnistía, que liberó a los asesinos del Grupo Colina. Rey, además, fue el principal promotor del decreto 1097, que pretendía reeditar la ley de 1995.
Colusión ilegal
“Indudablemente preocupa, en la medida que hay antecedentes de que se dio en una oportunidad ya una Ley de Amnistía que permitió que todos los procesados y algunos sentenciados por delitos de violación de derechos humanos obtuvieran su libertad. Aquí tenemos que estar atentos a eso”, expresó Peláez Bardales en Ideeleradio.
La liberación de los violadores de derechos humanos fue un acuerdo del gobierno de Alberto Fujimori, coordinada por su asesor Vladimiro Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objeto de impedir que los sicarios responsabilicen a los altos mandos del gobierno por los crímenes cometidos.
La amnistía fue anulada tras la restauración democrática y la fuga de Fujimori al Japón. El fiscal Peláez Bardales precisó además que la Corte Interamericana de derechos humanos fijó su posición contraria a la posibilidad de otorgar amnistías o indultos en casos de violaciones a los derechos humanos, pues contravienen el derecho internacional.
La amnistía fue anulada tras la restauración democrática y la fuga de Fujimori al Japón. El fiscal Peláez Bardales precisó además que la Corte Interamericana de derechos humanos fijó su posición contraria a la posibilidad de otorgar amnistías o indultos en casos de violaciones a los derechos humanos, pues contravienen el derecho internacional.
“En el hipotético caso en que esto se diera, primero, pues, tendría que romper prácticamente el acuerdo que el Perú tiene con la Corte Interamericana, lo cual veo bastante problemático”, argumentó.
Las sospechas de que los altos mandos del régimen Fujimorista tuvieron relación con los ejecutores de crímenes de lesa humanidad quedaron evidenciados en el juicio por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
El fiscal afirmó que la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el vocal César San Martín, señala que durante el gobierno de Alberto Fujimori hubo un aparato de poder, encabezado por el expresidente y su asesor Montesinos.
“Durante el proceso que fue público, se demostró a cabalidad, más allá de toda duda razonable, como dijo el doctor San Martín y lo dice la sentencia, que había existido un aparato de poder, que fue indudablemente encabezado por el expresidente. De ninguna manera podemos suponer que no había conexión entre el exasesor y él. Esa es una cosa que quedó evidenciado en el mismo proceso o cuando concurrió Vladimiro Montesinos, pues él dijo que era un subordinado del expresidente y que lo seguía siendo”, resaltó.
Jefe de jefes
El magistrado remarcó que resulta imposible que Fujimori Fujimori desconociera el accionar del Grupo Colina y de todo lo que sucedió durante su administración, donde hubo una política clandestina basada en la eliminación de personas para combatir al terrorismo.
“Con un exasesor de esa naturaleza, tan identificado, tan vinculado a su jefe era imposible que desconociera todo esto que fuera acreditado como el Destacamento Colina, de todo lo que recibió logísticamente este aparato y de todas las personas que intervinieron. Es decir, los oficiales de la DINTE, del Servicio de Inteligencia del Ejército y de otros organismos, es imposible que no haya tenido conocimiento de esto”, indicó.
Fuente:Diario La Primera
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